Manifestamos,

que al calor de los resultados fruto del esfuerzo en la creación de contenidos culturales, existe una floreciente industria de difusión y distribución de dichos contenidos.

que la extrema vigencia temporal de los denominados «derechos de autor» tal y como están establecidos en la actualidad representan una barrera a la incorporación de la cultura al dominio público, bien común, en una época histórica análoga a la que acompaña la revolución de la imprenta.

que desde determinadas organizaciones se viene incurriendo en un proceso de demonización de la red de difusión, distribución e intercambio de información más igualitaria jamás concebida, así­ como en un afán recaudatorio injusto, abusivo y a todas luces excesivo.

que la mera edición impresa, o publicación de cualquier contenido audiovisual disfruta de unos derechos de explotación comercial cuyo plazo de duración, ampliado artificialmente, amenaza el ejercicio del derecho de acceso universal a la cultura.

que la historia reciente muestra, con ejemplos como los logros obtenidos por el software libre, que el poder creativo, intelectual y cultural de los inmensos colectivos a que dan lugar las redes de telecomunicaciones no puede ser despreciado.

que el acceso universal a la cultura beneficia tanto al público como a los creadores.

que nadie posee ni nuestros pensamientos, ni nuestras ideas.

Renegamos,

de los argumentos falaces que equiparan la cultura con la explotación comercial, industrial o que la degrada a un mero elemento de consumo.

Reivindicamos,

que acorde a los tiempos, se garantice el acceso universal y la distribución masiva, de forma libre y gratuita de todos los contenidos culturales propiedad del estado en sus fondos, bibliotecas o almacenes de depósito legal.
que la sociedad, la industria y los autores busquen un nuevo modelo de relaciones económicas que, en vez de constreñir el uso de las tecnologí­as de la comunicación, potencie y se aproveche de su desarrollo y multiplique sus beneficios.

que este nuevo acuerdo entre los autores y el público garantice las recompensas necesarias para incentivar la creación sin impedir la difusión de la cultura.

la limitación temporal de los llamados «derechos de autor» en unos términos más acordes con el derecho de acceso a la cultura reconocido por la Constitución Española y la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La recuperación de las funciones originariamente atribuidas al Ministerio de Cultura en detrimento de la actual actitud de salvaguardia a la industria del entretenimiento.

Exigimos a nuestros representantes y poderes públicos,

que lleven a cabo las medidas ejecutivas y legislativas necesarias para llevar a la práctica las reivindicaciones arriba expuestas tanto en el ámbito nacional, como especialmente en el ámbito de la Unión Europea.